La suerte de la justicia de Medellín se definirá este miércoles con la ampliación del cierre o la reapertura del edificio Rodrigo Lara Bonilla, que lleva 17 días sin prestar servicio por fallas estructurales y problemas de salubridad.
El Ministerio de Trabajo evaluará este miércoles si la Dirección Administrativa Judicial de Antioquia cumplió el plan de restauración de por lo menos 50 puntos que tenían problemas como grietas, fisuras y filtración de agua.
Precisamente, Jhon Jairo Gómez Jiménez, presidente del Tribunal Superior de Medellín, explicó que al parecer no comienzan las obras para restaurar el edificio.
En cuanto a la reubicación, el martes solo se cumplió el traslado de 50 empleados del Tribunal Administrativo de Antioquia, que atenderán desde este miércoles en el edificio El Café, en el centro de la ciudad.
Nelly del Pilar Jaramillo, funcionaria de ese tribunal, afirmó que el trasteo fue muy difícil no solo porque quedaron hacinados en el centro sino también porque muchos empleados llevaban 20 años en el antiguo edificio Rodrigo Lara.
Mientras tanto, los 300 funcionarios del Tribunal de Medellín continúan sin solución, por lo que hay más de 4.000 procesos, tutelas y desacatos congelados.
Gómez dijo que solicitó al director seccional de Antioquia una sede para que el Tribunal cumpliera las funciones mientras duraba el cierre, pero que el pasado lunes, esa dirección informó que no tenían forma de reubicarlos.
Asimismo, solicitó al Ministerio de Trabajo que si persistían los riesgos laborales, el cierre edificio debe continuar.
Esos riesgos fueron denunciados por los funcionarios del edificio, que dijeron que allí hay fallas de estructura, problemas con el cableado eléctrico, techos en mal estado y ascensores en pésimas condiciones, desde hace más de tres años.
A eso se le suma que el agua no es apta para el consumo humano y hay presencia de ratas y de palomas que la contamina.
El director dijo que aunque en un inicio se planteó el traslado de los empleados al edificio Federico Estrada Vélez en El Poblado, ese plan duraría mínimo seis meses.
Por ello, propone que si no es posible ubicarlos en una estructura, que sea en tres, una para empleados de la sala Laboral, otra para la Civil y Penal y una tercera para la de Justicia.
Fuente etiempo.com